Divulgación: Fui miembro de la Junta Directiva del Recreational Scuba Training Council (RSTC) y anteriormente formé parte de la Junta Directiva de NAUI y de su Comité de Formación. Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente mías.
Ayer, Divers Alert Network (DAN) presentó una demanda contra PADI, NAUI, ScubaToys, Scuba Ranch y varios profesionales del buceo. El caso ya se está discutiendo en toda la industria del buceo como una disputa de seguros.
Legalmente, eso es exactamente lo que es.
Pero creo que es algo mucho más grande.
Para quienes no conocen los detalles, DAN ha recurrido a un tribunal federal en busca de una sentencia declarativa (declaratory judgment) sobre si distintas pólizas de seguro cubren las acusaciones derivadas de la trágica muerte de un estudiante de buceo de doce años durante un entrenamiento en Texas. DAN defiende actualmente a las partes bajo reserva de derechos (reservation of rights), mientras pide al tribunal que determine si finalmente existe esa cobertura.
Eso, por sí solo, ya es inusual.
Pero lo que hace notable este caso no es simplemente que se haya presentado una demanda. Es que la haya presentado DAN.
DAN no es simplemente otra aseguradora más.
Durante décadas, DAN ha sido una de las instituciones más respetadas del buceo recreativo. Mantiene relaciones con agencias certificadoras, instructores, centros de buceo, fabricantes, resorts, embarcaciones liveaboard y buceadores individuales de todo el mundo. Muchas de las organizaciones y personas involucradas en este caso han trabajado junto a DAN durante años, en algunos casos durante décadas.
Esa realidad importa.
Porque cuando una aseguradora con ese tipo de relaciones decide presentar una demanda federal pública, la gente debería preguntarse por qué.
Muchos compararán este caso con el de Tuvell, el caso de 2011 en el que un niño de doce años murió durante un programa PADI Discover Scuba en Utah. Entiendo por qué.
El caso Tuvell sigue siendo uno de los más controvertidos del buceo recreativo moderno, no solo por la tragedia en sí, sino por la reacción posterior de la industria. Con razón o sin ella, muchos buceadores se quedaron con la impresión de que se protegían los intereses institucionales antes de que los hechos quedaran del todo claros. Las preguntas sobre rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad persistieron mucho después de que terminara el litigio. Dejó a los profesionales de la industria preguntándose si su agencia certificadora y su aseguradora los abandonarían a su suerte cuando más los necesitaran.
Este caso se siente fundamentalmente distinto.
DAN no está gestionando esto en silencio, a puerta cerrada. DAN no está tomando una decisión interna sobre su membresía. DAN no está emitiendo un comunicado de prensa cuidadosamente redactado para luego desentenderse. En cambio, DAN está presentando públicamente las acusaciones, el lenguaje de la póliza y las preguntas sobre cobertura ante un juez federal, y pidiéndole al tribunal que decida.
Desde un punto de vista ético, esa distinción importa.
Los asuntos legales son una cosa. Las preguntas éticas son otra. La confianza en la industria se dañó tras el caso Tuvell, en parte porque muchos buceadores sintieron que nunca se abordaron públicamente ni con transparencia preguntas importantes.
La transparencia suele ser incómoda.
La transparencia genera fricción.
La transparencia puede tensar relaciones que existen desde hace décadas.
Pero la transparencia es también la forma en que las industrias maduras enfrentan verdades difíciles.
Lo que encuentro más interesante no es la disputa de cobertura en sí misma.
Es lo que esa disputa de cobertura dice sobre las acusaciones.
Legalmente, DAN no está admitiendo que las acusaciones sean ciertas. Cualquier abogado señalará, con razón, que las aseguradoras suelen analizar la cobertura según las acusaciones tal como fueron presentadas, no según si finalmente se demuestran.
Eso es cierto.
Pero hay otra realidad.
DAN ha puesto ahora ante un tribunal federal acusaciones relacionadas con el establecimiento de estándares, la certificación, la supervisión, el control de instalaciones, las prácticas de entrenamiento, las proporciones de estudiantes por instructor y la responsabilidad organizacional.
Piénsenlo un momento.
DAN no está argumentando que estas acusaciones sean absurdas. DAN no está argumentando que sean imposibles. DAN no está argumentando que este tipo de denuncias no puedan existir. En cambio, DAN argumenta que, si el caso trata efectivamente de esas acusaciones, estas caen dentro de exclusiones relacionadas con el establecimiento de estándares, la certificación, la supervisión y la conducta profesional.
Para muchos en la industria, esa distinción puede parecer un detalle técnico.
Yo no creo que lo sea.
Durante décadas, el buceo recreativo ha funcionado bajo una serie de supuestos.
Asumimos que los estándares de las agencias estaban prácticamente fuera de discusión. Asumimos que las organizaciones certificadoras funcionaban principalmente como entidades normativas y no como instituciones con responsabilidades más amplias. Asumimos que los programas de membresía implicaban una rendición de cuentas limitada. Asumimos que las exenciones de responsabilidad seguirían ofreciendo una protección considerable. Asumimos que el seguro seguiría estando disponible y sería asequible. Y, sobre todo, asumimos que el sistema vigente funcionaba.
Esta demanda nos obliga a revisar esos supuestos.
Porque bajo todo ese lenguaje legal se esconde una pregunta que muchos en la industria preferirían evitar.
¿Son lo bastante buenos nuestros estándares?
No se trata simplemente de si existen estándares. Ni de si se siguieron en este caso en particular. Se trata de si los estándares mismos, los mecanismos de supervisión que los respaldan y los sistemas de aplicación que hay detrás siguen siendo adecuados para 2026.
Es una conversación incómoda.
Y debería serlo.
Lo que la industria ha estado menos dispuesta a examinar son las instituciones que rigen el entrenamiento mismo. Puedo decirles, por experiencia personal, que simplemente plantear la pregunta es una buena forma de que te acompañen a la puerta.
¿Con qué frecuencia evolucionan los estándares? ¿Son adecuados los requisitos para los instructores? ¿Son adecuadas las proporciones de estudiantes por instructor? ¿Son eficaces los mecanismos de supervisión? ¿Son coherentes las medidas de cumplimiento? ¿Influyen las presiones económicas en los estándares de entrenamiento? ¿Responden las agencias de forma adecuada cuando se plantean inquietudes?
Estas preguntas no son ataques contra la industria.
Son las preguntas que se hacen a sí mismas las industrias responsables.
La importancia de este caso quizá tenga, al final, poco que ver con quién gane.
DAN podría ganar. Los demandados podrían ganar. La cobertura podría existir. Podría no existir. Los tribunales decidirán esas cuestiones.
Lo que quizá importe mucho más es que una de las organizaciones más respetadas de la industria ha señalado, en la práctica, que las acusaciones relacionadas con los estándares, la certificación, la supervisión y el control son lo bastante graves como para justificar un litigio federal.
Eso debería llamar la atención de todos.
No porque DAN esté abandonando a la industria. No porque DAN esté declarando negligentes a las agencias. No porque DAN esté admitiendo que los estándares son deficientes. Sino porque DAN ha analizado las acusaciones en torno a la muerte de un niño y ha concluido que son lo bastante importantes como para que los límites de la responsabilidad, la rendición de cuentas y la asegurabilidad deban examinarse públicamente.
Eso es nuevo.
Y quizá ya iba siendo hora.
La industria del buceo debería resistir la tentación de tratar esto como una simple pelea entre abogados.
La verdadera pregunta es mucho más amplia.
Si los tribunales determinan finalmente que los estándares, la certificación, el control, la supervisión o la aplicación de normas contribuyeron a esta tragedia, ¿la consideraremos un fallo aislado? ¿O tendremos el valor de preguntarnos si partes del propio sistema necesitan mejorar?
Porque si la respuesta es que nuestros estándares son sólidos, que nuestro control es eficaz y que nuestros mecanismos de aplicación funcionan, este caso ayudará a confirmarlo.
Pero si la respuesta es otra, el resultado más importante de este litigio quizá no sea una sentencia judicial.
Quizá sea la conversación que venga después.
Fundador, Deep 6 Gear | Director de Formación, SNSI
Chris Richardson es un líder de la industria del buceo, veterano militar y fundador de Deep 6 Gear. Formador de Instructores de élite y Director de Cursos para SDI, TDI, ERDI y NAUI, está especializado en buceo técnico, en cuevas y de seguridad pública. Con un MBA y un historial de formación de normas globales en los consejos de NAUI y RSTC, Chris es actualmente Director de Formación para EE.UU. y Canadá de SNSI y ha recibido el SSI Platinum Pro 5000.
