Un británico que trabajaba como instructor de submarinismo en el centro de Filipinas ha sido detenido por las autoridades de inmigración tras ser identificado como delincuente sexual registrado en el Reino Unido.
El 16 de febrero de 2026, agentes de la unidad de búsqueda de fugitivos de la Oficina de Inmigración de Filipinas (BI) llevaron a cabo una operación policial en Santa Fe, en la isla de Tablas, provincia de Romblon. La detención se produjo tras una orden emitida a principios de mes contra individuos considerados «extranjeros indeseables».
Al parecer, en el momento de la redada, Andrew Charles Beaumont, de 47 años, ofrecía clases de buceo y demostraciones de equipos de submarinismo a cambio de una remuneración en un centro de buceo local muy conocido en la zona. Según los funcionarios de la BI, también dirigía allí el negocio de buceo.
Beaumont, que anteriormente trabajaba como profesor, está sujeto a una orden de notificación de delitos sexuales de por vida en el Reino Unido desde 2012. Los registros judiciales muestran que fue condenado en Australia en 2009 por múltiples delitos de actividad sexual reiterada con una menor de 15 años durante un periodo de seis semanas y fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.
La documentación de inmigración indica que Beaumont entró en Filipinas el 19 de septiembre de 2022 con un visado temporal de visitante. Sin embargo, la última prórroga autorizada de su visado expiró en noviembre de 2023, lo que significa que residía en el país sin un estatus de inmigración válido cuando fue detenido.
El BI confirmó que Beaumont permanecerá bajo custodia mientras se sigue el procedimiento de deportación bajo la clasificación de «extranjero indeseable». El comisario de BI , Joel Anthony Viado, subrayó que la oficina se ha comprometido a impedir que residan o trabajen en Filipinas personas que supongan un riesgo, especialmente para los niños. La detención forma parte de la iniciativa ampliada ShieldKids del BI, que se centra en reforzar los controles fronterizos y la aplicación de la ley contra los delincuentes sexuales y traficantes extranjeros.
Este caso pone de manifiesto las dificultades que sigue habiendo para controlar y regular quién puede trabajar con grupos vulnerables, incluso en funciones turísticas y de instrucción, y refuerza la necesidad de una estricta investigación de antecedentes en el sector del buceo.
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